POR JULIO MARTINEZ POZO.- El llamado a diálogo formulado por el Gobierno para discutir un paquete de reformas enumeradas por el presidente Luis Abinader con motivo de su primer año de gestión, centrará la atención en los próximos días, sobre todo por dos temas: el constitucional y el fiscal.
Olvidándonos de la advertencia de Ferdinand Lasalle, sobre la posibilidad de que la ley sustantiva quede reducida a pedazos de papel, cuando se le trata como menú a la carta para consignar aspiraciones de una sociedad que no guardan relación con sus realidades fácticas, siempre que se procura avanzar en algún aspecto se piensa en modificaciones constitucionales y en creaciones de nuevas leyes.
La arista tomada por el presidente para buscar aplausos a la reforma ha sido la de la necesidad de consignar la independencia del Ministerio Público, para que los logros que entiende su administración ha legado, queden blindados constitucionalmente.
En ese aspecto, el expresidente Leonel Fernández, representante de una de las fuerzas convocadas al diálogo adelantó postura: “respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para
establecer la independencia del Ministerio Público, La Fuerza del Pueblo (FP), considera que ya en su articulo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa; y lo mismo señala el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la Ley de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente”.
Parece que lo se pretende es que el brazo judicial del Poder Ejecutivo sea designado por un órgano colegiado, y que una vez designado no puede ser removido hasta el cumplimiento del período de elección.
No sería ocioso que, en ese aspecto, antes de hacer nuevos cambios, se examinara las realidades de países como Brasil y Perú, donde en aras de una supuesta lucha contra la corrupción, fiscales y jueces se han llevado por delante la estabilidad política y económica, hundiendo a esos países en el caos.
La convocatoria se produce en un momento en que los partidos de oposición están en la necesidad de marcar distancia frente al gobierno, tornándose mucho más críticos en aras de mejorar sus posicionamientos con miras a las contiendas futuras.
Otra limitación es que, si bien es cierto que hay un órgano constitucional que se llama Consejo Económico y Social, para debatir varios de los temas propuestos, no hay una figura que puede funcionar como un mediador eficaz entre las distintas fuerzas políticas e intereses económicos, como lo hizo durante muchos años Agripino Nuñez Collado.
Será necesaria en algún momento una cumbre entre los principales líderes o que el presidente Abinader haga reuniones separadas con cada uno de ellos para poder armonizar algunos temas, que son de interés para todos en una reforma constitucional, como el de la unificación de las elecciones, y no parece que haya ambiente para producir esos encuentros en lo inmediato.
Lo más probable es que los principales partidos opositores se hagan representar en las discusiones iniciales, pero eso no garantiza avances.
Ellos saben que el Gobierno busca compañía en estos momentos porque no quiere cargar sólo con las consecuencias políticas de una inevitable reforma fiscal, que es el asunto más urgente porque ha de estar tomada en consideración para el presupuesto del 2022, que ya hay que trabajar.
